La aprobación, por una mayoría abrumadora, de la convocatoria a una Asamblea Constituyente en la consulta al pueblo ecuatoriano del 15 de abril de 2007, constituyó no sólo la puesta en práctica de una promesa de campaña del presidente Rafael Correa, sino una estación necesaria hacia la legitimación plena de su Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana) como partido de gobierno. La coalición política en el poder (con la solitaria excepción del Partido Socialista, que cuenta con un único legislador) no presentó candidatos al Congreso en las elecciones generales en las que obtuvo la presidencia, como un modo radical de señalar las limitaciones del régimen político imperante para implementar la plataforma posneoliberal con la que Correa fue elegido en octubre de 2006. Se arriesgó así al bloqueo institucional que la derecha parlamentaria de hecho intentó, con el paradójico efecto de subrayar la inadecuación que Correa denunciara.

Con cerca del 80% de los votos favorables al "Sí", Correa no sólo acrecentó el apoyo electoral obtenido por él mismo en las presidenciales, sino que superó la suma de los votos de lo que hoy es su base aliada, que abarca a los partidos progresistas que apoyaron la candidatura de León Roldós, a los indigenistas de Pachakutik y a la izquierda tradicional. El impulso de la campaña de la consulta le permitió a Correa no sólo empequeñecer a su predecesor democristiano Osvaldo Hurtado, que encabezó a las derrotadas fuerzas del “No”, sino provocar fracturas en la derecha, uno de cuyos más significativos referentes, el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, se pronunció por el “Sí”.

Mientras sus opositores (reclutados entre muchos de los que han detentado el gobierno y entre quienes representan a los poderes fuertes del país) oscilan entre acusar a Correa de querer gobernar a golpes de plebiscito y de querer implantar una lisa y llana dictadura, las definiciones del propio presidente ecuatoriano respecto de los objetivos que persigue con la reforma constitucional no parecen ser tan radicales. Durante la campaña presidencial éste indicó que aspiraba a una norma basada en la participación de la ciudadanía, que contemple mecanismos revocatorios de los mandatos electivos y que dote de mayor transparencia a la administración pública. Para terminar con lo que Correa llama el “Estado corporativo”, se propone introducir una medida de meritocracia en instancias estatales clave como el Tribunal Constitucional, Petroecuador, el Tribunal Supremo Electoral y otros organismos.

En realidad, la primera preocupación de Correa desde que lanzó su candidatura presidencial parece haber sido evitar el destino de mandato incompleto que le estuvo reservado a la mayoría de sus predecesores en la última década, la de mayor inestabilidad institucional desde la recuperación de la democracia, en 1979. Para ello, era indispensable eludir la trampa que implica la elección del Congreso simultánea con la primera vuelta de las presidenciales: habitualmente cada partido obtiene en ella un porcentaje de legisladores parecido al del correspondiente candidato presidencial, dejándolo sin mayoría y a merced de un Legislativo a la vez fragmentado y díscolo, con el cual los presidentes, surgidos de la voluntad de una mayoría ciudadana en la segunda vuelta, deben negociar interminablemente.