Recuerdo la preocupación de García Márquez cuando veía lo que sucedía en Argentina en 1977, temiendo que Colombia se fuera a transformar en otra Argentina. Él aún no había recibido el Premio Nobel –que elevó el nombre de su país al contexto mundial– ni se daba cuenta del camino por el que se había enrumbado Colombia.

Tres décadas después, su nación continúa siendo uno de los epicentros de la “guerra infinita” del gobierno de Bush. Álvaro Uribe es producto de esa política –de los aliados más estrechos entre los pocos con que cuenta el belicismo en América Latina. Uribe fue electo bajo la promesa de ejercer con“mano dura”, de buscar una solución “a la iraquí” para Colombia, considerando que las iniciativas pacificadoras de los presidentes anteriores habían fracasado.

El país, cansado de la violencia, observó a un presidente –connivente con los grupos paramilitares y, por conducto de ellos, con los cárteles del narcotráfico– concentrar los recursos militares, puestos a su disposición por el gobierno estadounidense, en operaciones militares, supuestamente como vía para el triunfo de la democracia. El aislamiento de las guerrillas favoreció su consolidación y al igual que otros presidentes neoliberales del continente, como Fujimori y Cardoso, cambió la Constitución del país durante su mandato para reelegirse –y ahora intenta conseguir un tercer mandato. Él ejecuta una política interna ortodoxamente neoliberal, sin darse cuenta del agotamiento de ésta en todos los países del continente. Llevó a la práctica una política represiva que afectó claramente los derechos democráticos de la población, contando en gran medida –como sucede con todas las políticas antipopulares en la región– con la anuencia de la oligarquía. Se aisló de los procesos de integración regional e intentó firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos; no pudo conseguirlo por las restricciones que el Partido Demócrata interpuso ante las precarias condiciones de los derechos humanos en Colombia.

Uribe no quiere que continuar el intercambio de retenidos por las FARC por prisioneros de su gobierno. Su apoyo interno depende de la satanización de la insurgencia, lo que le permite aparecer como el hombre del “orden”. Cuando se reeligió, tuvo como principal opositor a Carlos Gaviria, candidato del Polo Democrático, agrupamiento de izquierda que desbancó a los partidos Liberal y Conservador, presentándose como la mayor amenaza para el continuismo. En las pasadas elecciones municipales de octubre, el gobierno perdió en las principales ciudades con candidatos de izquierda, como Bogotá –nuevamente conquistada por el Polo Democrático–, Medellín y Cali. Se demuestra así cómo en general las políticas gubernamentales de Uribe –que apoyó a los candidatos derrotados– no cuentan con el favor popular, por lo que requiere la polarización con las guerrillas para intentar perpetuarse en la presidencia. Este gobernante nació de la violencia y sabe que su sobrevivencia depende de que ésta no termine.

La oportunidad de desbloquear la propuesta de las FARC e intercambiar presos de la guerrilla por detenidos del gobierno, revela el papel de cada régimen del continente, muestra quién quiere soluciones pacíficas, democráticas para las crisis, y quién desea perpetuar la espiral de violencia. La situación pudo ser desbloqueada gracias a la actuación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Cuando el proceso avanzaba, Uribe utilizó un pretexto secundario para excluirlo de la negociación, al comprender que la intermediación de éste había demostrado la credibilidad necesaria para que el acuerdo pudiera concretarse, al contar con la confianza de los familiares de los presos, la interlocución con las FARC, la capacidad de iniciativa y la simpatía de sectores democráticos de Colombia y varios gobiernos regionales.

Las FARC recolocaron al presidente venezolano en las negociaciones –para disgusto de Uribe–, y entregaron los detenidos a Chávez como forma de desagravio a éste, frente a la actitud excluyente del presidente colombiano. Ese primer gesto abrió el camino para que todos los presos pudieran ser intercambiados, permitiendo al venezolano confirmar su capacidad de iniciativa política y de movilización de apoyos, revelando el papel de cada actor en el continente.

En cuanto a los gobiernos estadounidenses y colombiano, y a la gran prensa, hicieron todo lo que pudieron para que las negociaciones fracasaran, en tanto que mandatarios de Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Cuba y Ecuador –con apoyo europeo– alentaron activamente el proceso de pacificación y liberación de los presos de ambos lados. (La cobertura de la prensa brasileña fue vergonzosa, sin que ninguna publicación escrita enviara periodistas para reportar directamente desde Colombia). Néstor Kirchner y Marco Aurelio García (de Brasil) representaron a los gobiernos de sus países, mereciendo el apoyo de la izquierda y la simpatía de sectores democráticos, que –sin embargo– siempre siguieron pasivamente los acontecimientos.

Exhibiendo su compromiso consecuente con la pacificación, primer paso para que otra Colombia –sin violencia, narcotráfico, paramilitares o secuestros– sea posible, Hugo Chávez se dispuso a dar continuidad a las negociaciones, apelando incluso a operaciones clandestinas, con tal de conseguir la libertad de los presos.

La liberación de rehenes bifurca el destino de Colombia. Un futuro de pacificación, soluciones negociadas, democratización e integración continental, o la perpetuación del clima de violencia y de guerra. Con la primera alternativa está gran parte de los gobiernos de la región, que pueden contar con el acompañamiento mayoritario del pueblo colombiano, identificado con los familiares de los presos. Con la segunda, están Estados Unidos y el gobierno colombiano. Una solución futura de liberación de todos los secuestrados apunta a otra Colombia posible y necesaria, para su pueblo y para todo el continente.