Nº 18 - 6 de marzo de 2008
 

 

   
 

El mandato de sangre de Uribe

 
 
Emir Sader
 
     
 

La liberación de los cuatro parlamentarios colombianos confirma cuál es la vía de pacificación de Colombia: la negociación política, con la participación de mediadores internacionales. El éxito del presidente venezolano Hugo Chávez y de la senadora colombiana Piedad Córdoba muestra que ésa es la única tentativa que ha logrado abrir los canales para llevar la paz.

La posición de los cuatro parlamentarios, además del reconocimiento del papel de Hugo Chávez y de Piedad, es acusar al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de ser hoy el obstáculo para el intercambio pacífico de prisioneros, al insistir en no aceptar la liberación temporal de un territorio para que se efectúen los intercambios.

Uno de ellos le pregunta a Uribe si le parece que su política de pacificación es realmente efectiva, como él anuncia, si no consigue ceder por un tiempo determinado un territorio para salvar vidas humanas. Pregunta también si las vidas humanas no valen más que una cesión temporal de territorios.

Los familiares de los que aún permanecen prisioneros insisten en esa dirección, reiterando que las ofensivas militares sólo llevan a poner en riesgo a los rehenes, además de no haber solución militar, sino solución política para Colombia.

Existe la propuesta de formación de un Grupo de Amigos de Colombia para intentar mediar en el intercambio humanitario de los rehenes por los presos que tiene el gobierno colombiano, del que participarían gobiernos como los de Brasil, Argentina, Nicaragua y Francia, entre otros.

El presidente colombiano demuestra toda su inflexibilidad y reitera su línea de acción militar –la misma de la “guerra infinita” de Bush–, rechazando los términos de la negociación y retomando ofensivas militares.

En una de ellas fue muerto el segundo dirigente de las FARC, Raúl Reyes, quien actuaba también como portavoz de la organización. El temor es que las FARC tomen represalias, y que de ahí el proceso posible de negociaciones para el intercambio de prisioneros se vuelva completamente inviable.

Es la línea dura de Uribe, que precisa de los enfrentamientos militares para mantener su popularidad interna y conseguir nuevas reformas de la Constitución, para poder obtener un tercer mandato. Perdió las elecciones municipales internas en las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín y Cali. Por esto precisa desviar la atención de los colombianos, para que no evalúen a su gobierno, sino que se mantengan bajo el chantaje de la guerra, con él representando supuestamente la paz. Cuando en realidad, Uribe representa y precisa de la continuidad de la guerra.

 
     
 

Éste es el juego de Uribe: producir más sangre como combustible para un tercer mandato, a costa de la paz y de la solución política para la ya tan sufrida Colombia. Resta que los gobiernos de los países preocupados con la paz, y el propio pueblo colombiano, en la manifestación convocada por el fin de todo tipo de violencia, actúen para obligar al gobierno a parar las acciones militares y aceptar los únicos términos posibles para que Colombia pueda volver a vivir en paz.

 
     
 
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Emir Sader es sociólogo. Director del Laboratorio de Políticas Públicas y actual Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
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Publicado en el diario La Jornada de México
Jueves 6 de marzo de 2008
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Defender la paz

 
 
Gabriel Puricelli
 
     
 

La decisión del presidente Álvaro Uribe de dinamitar los puentes que puedan conducir a una (inevitablemente trabajosa) solución política al conflicto armado interno en Colombia, encontró en la respuesta de su par de Ecuador, Rafael Correa, la respuesta exacta en términos de firmeza y de claridad para no dejarse arrastrar hacia una lógica de guerra. El ingreso de tropas colombianas en territorio ecuatoriano rompe con doce años de paz regional en los que ningún Estado había disparado contra un vecino y apunta al corazón del logro sudamericano más preciado en un mundo plagado de conflictos. Correa empleó con agilidad y decisión los mecanismos diplomáticos, dando amplio margen para el involucramiento inmediato de sus colegas de la región, desde Michelle Bachelet hasta Lula, y de los cancilleres y funcionarios de organizaciones multilaterales, de Jorge Taiana a José Miguel Insulza, para una rápida détente y una solución dentro del marco de la diplomacia regional.

Nada hay por ganar sumándose a la lógica infernal de guerra que sugieren los asesores estadounidenses del Plan Colombia. El conflicto colombiano mismo es prueba definitiva del fracaso de la Ley del Talión: no habrá paz si no se remueven las condiciones políticas y sociales que hicieron posibles a las FARC y no hay retorno a la estabilidad regional si la mayoría de los gobiernos sudamericanos no dejan establecido con claridad lo inaceptable de la injerencia extranjera bajo pretexto de la “guerra contra las drogas” y se remueven las condiciones que han permitido a la “parapolítica” hacerse del control del actual gobierno en Bogotá. La región debe ser unánime en su esfuerzo por sacar el conflicto colombiano del contexto de una guerra ajena y nadie debe dejarse tentar por reemplazar las razones por balas.

La propia Colombia, en la que se consolida la izquierda legal del Polo Democrático Alternativo como principal oposición a la derecha parapolítica uribista, está generando las condiciones para alcanzar en el mediano plazo una desmovilización, al menos, de los que siguen en la selva por razones argumentables políticamente. Poner el reloj a correr hacia atrás aceptando la provocación, sería destruir esas condiciones nacientes y demoler aquellas que hicieron posible una década larga de convivencia interestatal pacífica. No puede haber lugar a equívocos en esto: del mismo modo en que el senador colombiano Gustavo Petro, veterano del M-19, reclama desterrar la combinación de formas legales e ilegales de lucha a las fuerzas políticas y sociales dentro de su país, es necesario que los Estados sudamericanos descarten de plano otra vía que no sea la resolución pacífica de esta controversia. El otro camino es el inaceptable y suicida que ha tomado Uribe.

 
     
 
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Gabriel Puricelli es sociólogo y Co-coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.
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Publicado en el diario Página 12 de Argentina
Miércoles 5 de marzo de 2008
 

 

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