La consulta inconstitucional organizada por las autoridades departamentales de Santa Cruz de la Sierra se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamiento de la legitimidad de la autoridad de Evo Morales, donde la cuestión de la autonomía es tomada como el eje vertebrador de una contestación anticonstitucional del mandato que ejerce el presidente de la nación boliviana.

La violencia, dolorosa como siempre por sus consecuencias, es un efecto deseado de esta estrategia sediciosa, un objetivo parcial en la escalada de los perdedores de las últimas, limpísimas elecciones presidenciales y de la Asamblea Constituyente. Lo que persiguen no es la autonomía de Santa Cruz de la Sierra ni de los departamentos sudorientales del país en su conjunto, sino restaurar el orden previo al derrumbe del sistema político vigente en el país hasta la victoria del MAS: la autonomía sólo se agita para decir que "nadie que esté en el Palacio del Quemado en La Paz que no seamos nosotros podrá gobernar esta mitad de Bolivia". No estaríamos asistiendo a este reclamo si en La Paz no se hubiera roto la "normalidad" excluyente de la alternancia de las coaliciones vertebradas en torno de la banzerista Acción Democrática Nacionalista o del Movimiento Nacionalista Revolucionario de "Goni" Sánchez de Losada: ése es el "nosotros" que expresa la sopa de letras de las siglas de fantasía que constituyen el llamado "Comité Cívico" y los partidos opositores en La Paz.

El egoísmo económico es el paraguas que cubre el conjunto de las demandas de las elites políticas desplazadas por el ascenso electoral del MAS y sus fuerzas aliadas y de las clases dominantes que temen que las reformas impulsadas por Evo cobren carácter duradero y permitan la emergencia de un nuevo consenso (hablar de hegemonía en un contexto tan fluido nos pondría en el terreno de las conjeturas más irresponsables) que haga definitivo su desplazamiento.

Las condiciones para que un sector político juegue con la idea de la secesión de una nación de América del Sur tendrían muchas menos posibilidades de existir si no hubiera un intento pertinaz de deslegitimación del gobierno de Evo Morales por parte del gobierno actual de los EE.UU. Como no es dable esperar que esa pretensión ceda antes de que se extinga el mandato de George W. Bush y sus neoconservadores revolucionarios, se vuelve cada día más importante la reafirmación por parte de los países vecinos de que la unidad constitucional de Bolivia es un bien común sudamericano y de que la voluntad de defenderlo no consentirá aventuras como las que proponen los personeros del ancien régime del Altiplano.