El mapa político latinoamericano no hace más que poner en evidencia el fracaso, el agotamiento y la fragilidad de los gobiernos neoliberales que administraron o aún administran los destinos de nuestros países desde hace más de treinta años. Una evidencia contundente de este fracaso la constituyen los procesos de protesta y movilización social que, en el epicentro de los sistemas escolares, protagonizan las organizaciones estudiantiles y magisteriales, los movimientos sociales y de derechos humanos que se resisten a aceptar una herencia de desigualdades, injusticias, exclusión y discriminación nada menos que en aquel espacio donde supuestamente reposa el futuro de la patria. Sistemas educativos partidos, desiguales, segmentados y altamente diferenciados; la inexistencia de un proyecto nacional para la educación de nuestros pueblos; la negación del derecho a la educación para todos los que están fuera del sistema, y, también, para muchos de aquellos a quienes sólo se les permite el acceso a una escolarización degradada, sin recursos, desjerarquizada y precarizada.

El caso chileno quizá sea paradigmático. En una sociedad tutelada por la herencia de una dictadura corrupta y genocida, con una ley de educación sancionada el último día del régimen militar, fueron los estudiantes secundarios quienes pusieron al desnudo la institucionalidad de un sistema educativo basado en la exclusión, el privilegio de los más ricos y la degradación de las condiciones educativas de los más pobres. La derogación de dicha ley y la generación de mecanismos democráticos de consulta, debate y deliberación sobre los destinos de la educación nacional fueron algunos de los gritos de batalla de millares de jóvenes chilenos hartos de confundir la gobernabilidad democrática con la modorra irresponsable de administraciones empecinadas en repetir el pasado.

Es en este marco que debe entenderse el proceso de debate de una nueva Ley de Educación Nacional que pretende derogar el marco jurídico en vigencia y avanzar en las demandas y desafíos de ampliación del derecho a una educación de calidad para todos los argentinos y argentinas. Al presidente Kirchner y al ministro de Educación, Daniel Filmus, debemos reconocerles, sin lugar a dudas, los méritos del caso. Sin embargo, el origen de este proceso tiene sus raíces en razones más complejas que en la buena voluntad o en la generosidad de quienes nos gobiernan.

La educación argentina ha sido destrozada por un proceso de reforma y reestructuración que hizo de nuestro sistema escolar la mueca de lo que alguna vez soñó ser. Lo que la arrogancia menemista se jactó en proclamar como un proceso de “concertación” de la Ley Federal de Educación, no pasó de un autoritario mecanismo de legitimación de una reforma que dejó nuestras escuelas más desiguales y excluyentes. “Concertar” fue el eufemismo que el gobierno utilizó para hacer de la capitulación y la derrota la base de sustentación de un sistema privatizado para los ricos y precarizado para los pobres.